Que me Dice de la Ley de Medios

Me parece importante comenzar por distinguir y diferenciar entre dos conceptos que -normalmente- suelen tomarse como sinónimos y no lo son. Nos referimos a las expresiones “periodismo independiente” por una parte, y “libertad de expresión, de opinión o de prensa”, por otra. A mi modo de ver “periodismo independiente” no es sinónimo de”libertad de expresión”, porque yo no creo en el “periodismo independiente”, es más, creo que el periodismo nunca es independiente. ¿Por qué? Porque para que exista periodismo, antes debe existir libertad de expresión (o de prensa u opinión) y si esta última no existe no puede haber periodismo de ninguna clase. Al depender de la existencia de una previa libertad de prensa, el periodismo deja entonces de ser “independiente” y pasa a ser dependiente. Pero hay otras razones más para que digamos que no creemos en el “periodismo independiente” y es que el periodismo esta hecho por personas, que tampoco son “independientes” sino que dependen de muchos otros factores. El periodista siempre depende de sus ideas, las que están condicionadas por una cantidad enorme de factores, entre los que se cuentan su educación, sus condicionamientos sociales, el entorno, y una buena cantidad de de prejuicios ideológicos. Hay un tema muy importante, relacionado con lo que acabo de escribir, que, sobre todo desde hace un tiempo, está dando vueltas por los medios. Se trata de la Ley de Radiodifusión, un tema complejo pero que es necesario entender. Uno de los puntos más importantes de la nueva ley es la regulación del llamado Triple Play (telefonía-internet y TV, todo en un mismo servicio), un negocio estimado en 15 mil millones de pesos al año. Se preparan para competir acá tres grandes grupos empresarios: Telecom, Telefónica y El Grupo Clarín. Las dos Telefónicas no pueden ofrecer el servicio porque la actual Ley prohíbe que empresas de servicios públicos (los teléfonos lo son) ofrezcan servicios de radiodifusión. La nueva ley elimina esta prohibición. La Ley también regula la adjudicación de licencias de señales. Impide, por ejemplo, que una empresa tenga licencia de cable y a la vez canales de aire. Es decir, limita el poder de los multimedios, como Clarín. Por ejemplo, el Grupo deberá desprenderse de Canal 13 si quiere seguir operando Cablevisión y Multicanal, o sus varios canales del interior. También la ley limita a que la cantidad de abonados nunca supere el 35% del total (actualmente CV y Multicanal tienen el 40% de los abonados a nivel nacional). El proyecto de ley del gobierno destinará el 33% del espacio audiovisual a las “minorías”: organizaciones sin fines de lucro como Iglesias, universidades, ONGs y sindicatos. Se creará la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo que reemplazará al actual COMFER y dependerá de la Secretaría de Medios de la Nación (que reporta a la Jefatura de Gabinete). Aquí hay dos planos para analizar. Por un lado la cuestión técnica de la ley y por el otro, la cuestión política. Todos los medios exigen la necesidad de actualizar la ley. Resaltan que la actual (la 22.285) es vieja, ya que fue sancionada en 1980 bajo la dictadura militar. Es cierto: la ley es antigua, pero también es cierto que ha sufrido varios parches y modificaciones durante el período democrático hasta la actualidad. Pero ni los medios -ni el negocio de las telecomunicaciones, ni los empresarios, ni los grupos económicos- son los mismos que hace 25 años. En 1980 no existía Internet, ni el cable privado ni el fútbol codificado, por ejemplo. Mucho menos los celulares o la banda ancha. Por esa razón resulta muy necesaria una nueva ley. Pero el contexto político no es un dato menor. En un momento electoral, el proyecto oficial del gobierno fue presentado con bombos y platillos como si fuera un acto partidario (con la presencia de todo el peronismo, gobernadores, intendentes, el mismo Néstor Kirchner, Scioli, etc.). ¿Por qué la ley de medios es tan importante para el gobierno? Todos los analistas coinciden en que es una ley que apunta directo al corazón del Grupo Clarín. El kirchnerismo está decidido a frenar al avance del Grupo mediante distintas maneras y una -la más importante, en realidad- es la legal. Intentar asfixiar al Grupo comandado por Héctor Magnetto por todos los frentes legales posibles. Por ejemplo, trabando la fusión entre Cablevisión y Multicanal (aprobada por la CNC bajo el mandato del mismo Kirchner). El cable representa casi el 50 por ciento de la facturación del Grupo (de $5700 millones en 2008 contra los $12.000 millones de Telefónica) y es clave para el futuro negocio del Triple Play. El otro método -más ruidoso pero menos efectivo en los hechos- es el ataque constante de miembros del gobierno, medios oficialistas y el mismo Kirchner, quien cada vez que puede zamarrea en público al Grupo (acusándolo de monopolio) y a sus empresas, especialmente el diario y a TN (bautizado por el kirchnerismo “Todo Negativo”). La última fue días antes de la presentación del proyecto, cuando en un acto partidario gritó: “Qué te pasa Clarín? Qué querés? Por qué no informás con la verdad?”